Fuente: elnuevodia.com Por Internews Service
Amnistía Internacional publicó esta semana un informe en el que alerta de que 200,000 nigerianos quedarán sin hogar en Nigeria si las autoridades del país africano continúan con sus planes de desalojos en la región sureña de Port Harcourt.
“Las demoliciones previstas probablemente hundirán aún más en la pobreza a cientos de miles de personas pertenecientes a la población más vulnerable de Nigeria”, afirmó Tawanda Hondora, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para África.
“El gobierno tiene que parar los desalojos de la zona portuaria hasta que pueda garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos”, insistió.
Las autoridades locales aseguran que la demolición de los muelles es necesaria para acometer el Plan Maestro de Gran Port Harcourt, proyecto de renovación urbana puesto en marcha en 2009.
“No se ha consultado debidamente a ninguna de las comunidades afectadas por estos planes urbanísticos, y el resultado es que cunden la inseguridad y la incertidumbre. El gobierno debe hacer todos los esfuerzos para identificar alternativas a los desalojos y sólo recurrir a éstos como último recurso”, subrayó Hondora.
Según AI, las autoridades nigerianas no han elaborado un plan de reasentamiento que ofrezca alojamiento alternativo a los cientos de miles de personas que probablemente serán desalojadas.
El 28 de agosto de 2009, el asentamiento portuario de Njemanze fue demolido como parte del plan de reordenación urbana. Se calcula que más de 13.000 personas fueron desalojadas a la fuerza sin la debida notificación. Perdieron sus hogares y, en muchos casos, sus bienes y medios de vida. Un año después, muchos siguen sin tener donde vivir.
AI pidió a las autoridades nigerianas que detengan todos los desalojos forzosos hasta que se hayan adoptado todas las garantías necesarias para que el desalojo se lleve a cabo conforme al derecho internacional de los derechos humanos, lo que incluye la elaboración de un plan de reasentamiento que proporcione vivienda alternativa adecuada a los residentes.
La organización internacional expresó también su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, incluido el uso ilegítimo de armas de fuego, por parte de las fuerzas de seguridad al llevar a cabo los desalojos forzosos.
En octubre de 2009, al menos 12 personas fueron alcanzadas por disparos y heridas de gravedad, y una resultó muerta, en el muelle de Bundu, cuando efectivos de seguridad armados abrieron fuego contra la multitud que protestaba por los planes de demolición en la zona.
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