El primer informe independiente sobre el desalojo por la fuerza del campamento saharaui formado a las afueras de El Aaiún y los disturbios subsiguientes en la ciudad que produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad marroquíes, ha sido elaborado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
FUENTE: Pedro Canales. Rabat
En dicho informe, al que ha tenido acceso El Imparcial, se afirma con rotundidad que el número de muertos asciende a 14, tres de ellos civiles, el de heridos a 275 personas, y el de detrenidos a 135. Gabriel Pozo Pérez, vicepresidente de la ONG chilena, y también Presidente Nacional de la Comisión Chilena Proderechos Juveniles (CODEJU), ambas organizaciones están acreditadas y asociadas ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, ha elaborado el Informe en su estadía en El Aaiún entre el 20 y el 22 de noviembre, en base a entrevistas con las Autoridades marroquíes, con organizaciones de Derechos Humanos, con abogados, con las víctimas de los enfrentamientos, y con activistas saharauis presentes en el campamento de Gdeim Izizk.
Se trata del primer informe independiente que se hace público sobre los hechos ocurridos en el Sahara Occidental. Algo que el gobierno español por boca de la ministra de Relacionbes Exteruiores Trinidad Jimenez había pedido. La organización Amnistía Internacional también ha enviado una delegación a El Aaiun para elaborar su propio informe, pero aún no lo ha concluído.
La ONG chilena recalca que el documento, "elaborado de forma independiente de cualquier Gobierno en el mundo y patrocinado por la Universidad de los Lagos en Chile, será entregado al Consejo de Derechos Humanos de las ONU en Ginebra y al Gobierno de Chile".
En dicho Informe se da cuenta de que "tras el fracaso de las negociaciones —entre Autoridades y el comité elegido en el campamento de Gdeim Izizk-, las acciones de los manifestantes se radicalizaron generando más conflicto por la intervención de activistas del Frente Polisario, por lo cual la autoridad tomó la decision de desalojo en la mañana del dia 8 de noviembre". La desinformación tanto de los acampados como de los familiares residentes en El Aaiún, generó "la exaltación de los ánimos provocando la dispersión y posteriores incidentes debido a que personas fuera de la Ley dentro de la ciudad ocasionaron quemas de vehículos, viviendas y oficinas bancarias".
En cuanto a la existencia de « desaparecidos » denunciada por algunas organizaciones saharauis, el Informe chileno afirma que "tras las consultas realizadas con abogados y organizaciones de Derechos Humanos, no existen datos concretos y denuncias que demuestren la existencia de desaparecidos".
El Informe nota que de los 132 detenidos, "7 han sido puestos en libertad, 113 se encuentran en los Juzgados de la Corte de apelación, 8 en la cárecel de Salé (Rabat) en espera de ser conducidos ante un Tribunal militar, y 4 en el Juzgado de primera instancia". El documento de la Comisión chilena hace una referencia expkícita a la noticia difundida en diversos medios de comunicación según la cual se "han producido masacres y exterminio de la población saharaui" en El Aaiún, hablándose al respecto de "cientos de muertos y ejecutados por efectivos del estado marroquí".
Dada la gravedad de la afirmación, el redactor del informe, Gabriel Pozo Pérez mantuvo una serie de reuniones con el Wali de El Aaiun, con el gobernador de la región, con abogados y organizaciones de Derechos Humanos, visitó las dependencias de la salud pública, incluída la morgue, y la zona en la que fue montado el campamento saharaui. Y constató que dichas informaciones "no se corresponden con la realidad", "no habiéndsose podido probar la existencia de muertos por ejecución, o de cientos de muertos en otros lugares".
La independencia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos queda patente en las recomendaciones que da para resolver el conflicto del Sahara Occidental, del que por otra parte se abstiene de pronunciarse sobre la cuestión de la independencia o de la autonomía de la región. El Informe pide entre otras cosas, que se proceda a "investigaciones exhaustivas e independientes sobre las dsenuncias hechas por civiles de violaciones de los derechos humanos por parte de la policía", así como el "permitir que todas las personas, incluídos los defensores de la autodeterminación del Sahara, disfruten del derecho a reunirse pacíficamente, en cumplimiento del artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
La investigación chilena pide también que "los jueces y fiscales intervengan para frenar la inmunidad de los policías que maltratan a sospechosos detenidos", además de "permitir que la comunidad internacional siga aportando para el fortalecimiento de las reformas que se realizan en Marruecos y además para evitar un conflicto armado en el Sahara".
El Informe ha sido entregado al Presidente del Senado de España, al Presidente de la Cámara de Diputados, al Presidente de la Audiencia Nacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores de España, al presidente de la Liga Proderechos Humanos de España y al Embajador Eduardo Gutiérrez Saenz de Buruaga en representanción del Partido Popular. "Creemos, dice en conclusión, que la importancia de hablar en términos de la verdad de los ocurrido ayudará a que la comunidad Internacional, en lugar de aportar a conflictuar la situación ayude a desconflictuar el ambiente que se vivió en el Sahara".
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