Pasa a tribunal civil caso de 2 indígenas violadas por militares: AI
La Procuraduría castrense admite que carece de jurisdicción para el caso: Amnistía en México.
La Jornada en Línea . México, DF.
La Procuraduría General de Justicia Militar reconoció que carece de jurisdicción para juzgar casos en los que se acusa a miembros de las fuerzas armadas de cometer violaciones de derechos humanos, por lo que las investigaciones del caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas mepha'a, han sido transferidas a tribunales civiles.
Ambas mujeres se han enfrentado durante más de nueve años a las fuerzas armadas y las autoridades para exigir justicia después de que unos soldados las violaran en 2002 en el estado de Guerrero.
Pese a la larga investigación y las sentencias emitidas el pasado agosto por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de las víctimas sus agresores continúan en libertad, protegidos aparentemente por el sistema de justicia militar de México, difundió Amnistía Internacional.
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de las víctimas sus agresores continúan en libertad, protegidos aparentemente por el sistema de justicia militar de México, difundió Amnistía Internacional.
Sin embargo, abundó, Inés y Valentina vieron alguna posibilidad de que los soldados que las violaron comparezcan finalmente ante la justicia, luego de la determinación de la Procuraduría castrense.
“Para nosotros, esta decisión representa un avance significativo, ya que la
sociedad civil ha luchado incesantamente para que casos como estos se
transfieran al sistema de justicia civil”, declaró Vidulfo Rosales, abogado de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, que representa a estas dos mujeres.
sociedad civil ha luchado incesantamente para que casos como estos se
transfieran al sistema de justicia civil”, declaró Vidulfo Rosales, abogado de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, que representa a estas dos mujeres.
“Sin embargo, sigue habiendo muchas limitaciones —nos preocupa que exista margen para la impunidad, para exonerar a los responsables—. La Procuraduría General de la República tiene la obligación de iniciar de inmediato una investigación penal para castigar a los soldados que Inés y Valentina ya han señalado como responsables”, añadió.
La decisión de transferir a los tribunales civiles los casos de Inés y Valentina se produce a raíz de una decisión dictada hace poco por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la cual las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas mexicanas contra la población civil no deben juzgarse en tribunales militares.
Esta decisión viene precedida por una resolución emitida el año pasado por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la que se ordenaba a México que investigase y enjuiciase en el sistema de justicia civil las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. Esta resolución instaba al gobierno mexicano a hacer que los responsables rindiesen cuentas de sus actos, ofrecer reparación adecuada y tomar medidas para garantizar que estas violaciones no se vuelven a repetir.
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la que se ordenaba a México que investigase y enjuiciase en el sistema de justicia civil las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. Esta resolución instaba al gobierno mexicano a hacer que los responsables rindiesen cuentas de sus actos, ofrecer reparación adecuada y tomar medidas para garantizar que estas violaciones no se vuelven a repetir.
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