Este lunes se cumplen tres años desde que un juez declarara contraria a la ley la licencia de obras del hotel, una sentencia que la Administración ha recurrido sucesivamente
Una docena de activistas de Greenpeace ha instalado este lunes por la mañana una delegación temporal de la organización ecologista en el hotel ilegal de la playa de El Algarrobico (Almería). Greenpeace pide al Gobierno y a la Junta de Andalucía que firmen un acuerdo que sea rubricado en el Consejo de Ministros del próximo viernes día 9 en el que se comprometan al inmediato derribo del hotel. Los ecologistas han desplegado una pancarta de 30 metros con el mensaje «¿A qué esperan?».
La organización ecologista reclama, además, que la Junta de Andalucía se retire de todos los pleitos donde defiende que la parcela de El Algarrobico es urbanizable.
Este lunes se cumplen tres años desde que un juez declarara ilegal la licencia de obras del hotel, una sentencia que la Administración ha recurrido sucesivamente.
La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, considera su petición una prueba para el actual Ejecutivo. «Comienza la cuenta atrás para que el Gobierno de Zapatero demuestre si todavía quiere hacer política ambiental o ser recordado como el que permitió la existencia de este icono de la destrucción del litoral y la especulación urbanística», afirma Marcos.
Símbolo del «todo vale»
Greenpeace considera que este hotel ilegal en El Algarrobico es un ejemplo claro de la impunidad con la que se ha actuado en el litoral. Los ecologistas califican a El Algarrobico como el símbolo del «todo vale» y de la apuesta por el «ladrillazo».
Así, la directora Ejecutiva de Greenpeace. Miren Gutierrez, considera que «la Administración no puede escudarse más en la justicia para no ejecutar el derribo» ya que existen más de media docena de resoluciones judiciales en contra.
La organización ecologista ha puntualizado han accedido a un hotel, sino a un espacio público, ya que desde 2005, por orden ministerial, se publicó el deslinde que fija la servidumbre de protección de la Ley de Costas de 100 metros por lo que defienden que el edificio se encuentra ubicado claramente en terrenos públicos. Por su parte, la empresa promotora del hotel, Azata, ha advertido de que el inmueble «no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad y de seguridad».
La Junta, a favor de la demolición
El consejero de Medio Ambiente, Jose Juan Díaz Trillo, ha manifestado a EFE que el Gobierno andaluz apoya su demolición y que así se ha pronunciado desde 2006 a través de una acción jurídica tendente a la recuperación de ese territorio del Parque Natural del Cabo de Gata, en Almería.
«Lo que ha hecho el gobierno andaluz es velar en todo momento por la preservación de ese espacio, no ha lugar a ninguna duda sobre la posición del Gobierno andaluz», ha dicho el consejero, quien ha añadido que, no obstante, existen más de 20 causas judiciales abiertas al respecto que están aún pendientes de resolución.
«Estamos en un Estado de derecho y no podemos saltarnos esas reglas», ha manifestado el consejero de Medio Ambiente, que ha insistido en que cuando concluya ese «recurrido jurídico», con causas que considera «complejas y diversas», la Junta pretende devolver el espacio a su situación original.
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