UNA CONTUNDENTE REIVINDICACIÓN

"No podemos pagar siempre los de abajo"

Colectivos sociales vuelven a concentrarse para denunciar los recortes de Lakua con las ayudas sociales w La Diputación de Gipuzkoa asegura que más de 600 personas se quedarán sin esta prestación cada año

• FUENTE: DEIA

El acuerdo alcanzado entre socialistas y populares para endurecer los requisitos de acceso a las ayudas sociales recibió ayer una nueva respuesta en forma de movilización social por parte de medio centenar de personas pertenecientes a diversos colectivos como el Consejo de la Juventud de Euskadi, Berri-Otxoak o SOS Racismo. De nada han servido los argumentos esgrimidos por la consejera Gemma Zabaleta apelando a la sostenibilidad del sistema de protección social y a los "excesivos" recursos que destinan los vascos vía impuestos para mantener a flote la renta de garantía de ingresos (RGI) y la prestación complementaria de vivienda (PCV).

De hecho, la lectura que realizan los colectivos sociales de esta convulsa semana en el Departamento que dirige Zabaleta es diametralmente opuesta a la que materializan conjuntamente PSE y PP, a la postre impulsores de esta medida y adalides de la cruzada contra el fraude en las ayudas sociales. "Estamos de acuerdo en que hay que luchar contra el fraude, nunca hemos dicho lo contrario, pero, ¿cuánto puede defraudar una persona?, ¿300, 400 euros? En el caso de las grandes empresas hablamos de miles de millones y el Gobierno vasco no hace nada por evitarlo", aseguraba ayer Andoni Pangua, portavoz de los colectivos sociales de Bizkaia.

Bajo el lema Por unos servicios sociales dignos. No más recortes sociales, los manifestantes realizaron una concentración frente a la Bolsa de Bilbao en el marco de una iniciativa internacional denominada Occupy Wall Street, que ayer se desarrolló simultáneamente a lo largo y ancho del planeta en ciudades como Los Ángeles, Atenas, Berlín o Madrid, entre otras, con el objetivo de encauzar la economía al servicio de las personas y no al revés, como denunciaron los asistentes a la concentración de ayer en Bilbao. "Lo cierto es que ya no nos sorprende nada, pero lo que no puede ser es que esta crisis la paguemos siempre los de abajo", denunciaba Pangua, en alusión a la decisión de Lakua de elevar de doce meses a tres años el empadronamiento mínimo exigido para acceder a la RGI, que actualmente alcanza a 55.000 personas en la CAV y que oscila entre 650 y 923 euros, dependiendo del número de miembros de la familia.

Además de rechazar de plano esta medida -que podría entrar en vigor en enero-, los convocantes de la concentración pusieron sobre la mesa una serie de datos que no hacen más que ahondar, aseguran, en el manifiesto retroceso en materia de protección social que implicaría que la nueva Ley de Garantía de Ingresos e Inclusión Social viera finalmente la luz: el 42,7% de los jóvenes vizcainos de entre 18 y 30 años que tiene trabajo gana menos de mil euros al mes; cuatro de cada diez parados vascos no reciben ninguna ayuda social, y las situaciones de miseria en los tres herrialdes de la CAV -que se sitúa en el 13,3%- superan en medio punto a la media europea.

A esta situación habría que añadirle la voluntad de la consejera Zabaleta de restringir el acceso a las AES (Ayudas de Emergencia Social) a los solicitantes con un patrimonio superior a los 8.000 euros, una medida que ya levantó ampollas en su momento y que, según denunciaron los gestores de estas prestaciones -los ayuntamientos-, propició que el 35% de las personas que solicitó estas ayudas en 2010 no pueda hacerlo este año al no cumplir los nuevos requisitos estipulados por el Gobierno vasco. "Gemma Zabaleta es una persona que ha trabajado mucho en el ámbito de la política social y conoce muy bien todo lo relacionado con esta materia, pero con todos estos recortes que está planteando ahora queda claro que la gente cambia cuando llega al poder", remachaba el portavoz de los colectivos sociales de Bizkaia.

600 personas sin ayudas Ante esta situación, la retahíla de valoraciones políticas y sociales también se extendió ayer hasta la Diputación de Gipuzkoa que, al igual que oposición, sindicatos y colectivos sociales, se mostró reacia a la decisión consensuada entre socialistas y populares de restringir el acceso a las ayudas sociales. En palabras del diputado foral de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, desde el ente advirtieron de que con estas nuevas restricciones más de 600 personas perderán anualmente la posibilidad de acceder a la Renta de Garantía de Ingresos en Gipuzkoa al no llevar empadronados en la CAV el mínimo de tres años que exige ahora el Gobierno y no tener cotizados cinco años a la seguridad social. "La consejera de Empleo y Asuntos Sociales no ha dado una sola razón para endurecer los requisitos y excluir a estas personas de la RGI". "Queda claro que la idea que subyace tras estos recortes sociales es la criminalización, exclusión y persecución de la población pobre e inmigrante", denunció el responsable de política social del ente.