Puig pide 'no quedarse haciendo el bobo' cuanda haya incidentes en las protestas
El titular de Interior trata de que la población se aleje de los antisistema
Se prevé un mayo 'caliente' con protestas contra el BCE o festejos del Barça
FUENTE: Efe | Elmundo.es
El conseller de Interior, Felip Puig, ha subrayado hoy que el vandalismo no es un derecho civil y ha pedido a la sociedad que colabore para erradicar cualquier resquicio de "connivencia" hacia los grupos violentos que actúan aprovechando manifestaciones legítimas y pacíficas.
"Se nos ha acusado -al Govern y a la policía- de ser represivos y de querer recortar derechos, pero no nos dejaremos embaucar; defendemos los derechos civiles, pero el vandalismo no es un derecho civil", ha espetado el titular de Interior de la Generalitat.
Puig ha hecho estas consideraciones en una conferencia organizada por Barcelona Tribuna sobre el modelo de seguridad ante las nuevas amenazas.
Tras ser presentado por el abogado Miquel Roca, quién le ha deseado "suerte y ánimos" durante un mes de mayo que se prevé repleto de manifestaciones, Puig ha alertado de que los vándalos que se infiltran en esas movilizaciones cada vez están más bien organizados y actúan con "la voluntad inequívoca de provocar el caos".
Para Puig, es vital prevenir la actuación de esas bandas para evitar que tomen más volumen y lleguen "al nivel de amenaza del terrorismo".
En ese sentido, Puig ha reclamado reformas legales porque, en su opinión, la policía está "limitada" para controlar y actuar sobre los vándalos que causan destrozos en las concentraciones.
Desde que Puig asumió Interior, los Mossos d'Esquadra ya han abierto 400 expedientes sancionadores por ejercicio incorrecto del derecho de manifestación.
Para evitar que se amplíe el vandalismo, Puig ha pedido la colaboración ciudadana, tanto en los momentos en los que se producen los actos vandálicos como en el análisis posterior de los mismos hechos.
"Durante los altercados, lo importante es colaborar con la policía, no quedarse haciendo el bobo y apartarse para evitar un riesgo adicional a la policía, que lo que busca es poner fin al altercado", ha destacado Puig.
El conseller también ha remarcado que los políticos siempre deben proteger la acción de la policía y ha cargado contra la "excesiva connivencia política y mediática, e incluso académica", que, en su opinión, existe con determinados movimientos violentos.
"Tenemos que estar todos de acuerdo en dónde está la línea, porque a veces está muy difusa y se equipara la violencia urbana con la fuerza de la policía, que es la única legitimada para usarla para garantizar la seguridad", ha subrayado Puig.
En vista de los próximos eventos en mayo en los que se pueden producir alborotos -celebración del 1 de mayo, eventuales títulos del FC Barcelona y la cumbre del Banco Central Europeo (BCE)-, Puig ha destacado que está trabajando y compartiendo información con el Ministerio del Interior para emprender acciones preventivas.
Puig ha aprovechado la conferencia para exigir una relación de bilateralidad y "sin intermediarios" con el Gobierno de Mariano Rajoy y ha propugnado la independencia en la gestión de la seguridad catalana: "Los problemas de seguridad son únicamente nuestros, los tenemos que resolver aquí".
El titular de Interior ha asegurado que próximamente reclamará al Gobierno el traslado a la Generalitat de competencias como la regulación de autoescuelas, exámenes y permisos de conducir y ha afirmado que su intención es lograr en un futuro incluso la potestad de regular de la velocidad en las carreteras.
Consejero de Interior catalán exige una relación "bilateral" con el Gobierno sobre seguridad
FUENTE: lainformacion.com /Europa Press
"Actuaremos con una actitud mental de independencia"
El consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, ha asegurado este lunes que la cooperación con el Gobierno en materia de seguridad "será absoluta pero con la exigencia de una relación bilateral".
En su conferencia 'El modelo de seguridad, una política de Estado', pronunciada en Barcelona Tribuna, Puig ha indicado: "Consideramos que los problemas de seguridad de los catalanes son una responsabilidad nuestra y actuaremos en consecuencia con una actitud mental de independencia".
"La seguridad es una problema del país y requiere una respuesta con una visión de independencia", ha indicado.
"No esperaremos que nos resuelvan los problemas ni nos escudaremos en que las competencias son de otros, sino que resolveremos lo que podamos resolver aquí y propondremos soluciones", ha indicado.
En una conferencia ante representantes del mundo económico e intelectual, el consejero ha recalcado que su predisposición a colaborar con el Ministerio del Interior "es plena y absoluta" pero que quieren hacerlo sin intermediarios.
"Exigiremos el cumplimiento de lo que ha quedado del Estatut en esta materia", ha aseverado, además de resaltar que quieren adquirir nuevos roles crecientes en extranjería, control de fronteras, expedición de documentos, seguridad nuclear y seguridad vial.
Así, ha concretado en el turno de preguntas que quieren reclamar a la Dirección General de Tráfico (DGT) las competencias en la estipulación de la velocidad de las carreteras, la emisión del carné de conducir, las autoescuelas, las tasas y la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
Para Puig, la "transición nacional debe constituir el eje vertebrador de un conjunto de políticas de transformación", también en el campo de la seguridad.
VANDALISMO: "NO ES UN DERECHO CIVIL"
En su exposición, Puig ha abordado la problemática del vandalismo y ha asegurado que el fenómeno "atenta contra el derecho a huelga y el derecho a manifestación", y contra la seguridad pública y la convivencia.
"El vandalismo no es un derecho civil", ha sentenciado Puig, que ha advertido de la creciente planificación y organización de los violentos que quieren crear el caos.
Ha asegurado que los vándalos se camuflan en manifestaciones legítimas, y acaban "poniendo en duda aquellas expresiones de las que se sirven para esconderse".
Ha apostado por intensificar la prevención ante la posible proximidad entre el problema de la violencia callejera y la aparición de "fenómenos criminales o terroristas de más elevado nivel".
Dentro de su plan de acción, está aumentar las herramientas para hacer frente a los organizadores de estos actos porque, según el consejero, la capacidad actual "es limitada", y ha apostado por emprender reformas legales para perseguir a los autores materiales e intelectuales de la violencia callejera.
Según Puig, hay que incentivar el rechazo social hacia estas conductas porque, si hay espacios de connivencia o comprensión, puede haber "riesgo de su cronificación y de facilitar su intensificación", por lo que impulsará iniciativas sociopolíticas.
Ha lamentado que se les acuse de ser demasiado represivos y querer recortar derechos pero ha advertido que no se dejarán "confundir por según qué acusaciones", además de reafirmar su compromiso con los derechos civiles.
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