La particular lucha de méxico por los DDHH.

México revisa normas sobre detenidos ante denuncias de violaciones a DDHH

FUENTE: AFP | Univision

El gobierno mexicano anunció este lunes la adopción de nuevos protocolos que aseguró regulan el uso de la fuerza pública y dan garantías a los detenidos, ante crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos y uso excesivo de la fuerza en la lucha contra el crimen.

Los ministerios de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina, así como la fiscalía federal publicaron en el Diario Oficial de la Federación las directivas que regulan el uso de la fuerza y disponen la "puesta a disposición ante el Ministerio Público de manera inmediata" de los detenidos.

Con estas normas "estamos dotando a nuestras fuerzas federales de mejores instrumentos para garantizar tanto los derechos de los inculpados, como los derechos de las víctimas", afirmó el presidente mexicano, Felipe Calderón, al hacer el anuncio en una ceremonia pública.

Los nuevos protocolos establecen que "sólo cuando sea estrictamente necesario e inevitable los Integrantes emplearán la fuerza para impedir la perturbación del orden público" y que además ese recurso "será adecuado y en proporción a la resistencia o agresión recibida".

En cuanto a la detención de presuntos delincuentes, se deberá informar a éstos de sus derechos al aprehenderlos, llevarlos a un centro médico para certificar su salud y "trasladar inmediatamente al detenido para ponerlo a disposición del Ministerio Público".

"Así, se garantiza la protección de los derechos de los presuntos responsables, reduciendo, por ejemplo, la posibilidad de que existan casos de tortura o de acusación infundada de tortura", explicó Calderón.

Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó una ofensiva contra el crimen organizado con la intervención del ejército en apoyo de la policía federal, se han multiplicado las acusaciones de violaciones a los derechos humanos por estos cuerpos.

En ese plazo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido más de 5.000 recomendaciones por tratos crueles, degradantes y torturas, la mayoría de ellos registrados poco después de la detención.

También se ha acusado a las fuerzas policiales de violar la presunción de inocencia al presentar a los detenidos ante los medios de comunicación como culpables antes de entregarlos a la justicia.