Derechos Civiles.

Ahora, recorte de derechos civiles.

Fuente:noticiasdenavarra.com

Tras la política de eliminación de derechos sociales y laborales, el PP anuncia en esta ocasión que diseña un endurecimiento del Código Penal para limitar y criminalizar el derecho democrático a la protesta civil

El anuncio del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de que el Gobierno del PP prepara un nuevo endurecimiento del Código Penal sitúa una vez más en primera línea del debate político la confrontación entre seguridad y libertades democráticas. Un debate falso e interesado que impulsan periódicamente los sectores más conservadores como vía de limitar los derechos de participación democrática de la sociedad y como argumento con el que ganar espacios electorales ante la opinión pública mediante el engrandecimiento de la idea del miedo al desorden u -otro recurso populista habitual- las consecuencias de la inmigración. Es cierto que en un espacio de convivencia democrática hay grupúsculos que aprovechan las conquistas sociales y civiles para intentar copar protagonismo mediático -o intentar imponer sus posiciones, como ocurrió con un reducido grupo de menores en Pamplona durante la jornada de huelga general del 29-M- mediante el recurso a la violencia callejera, el cóctel molotov y los desórdenes públicos. Pero ello no puede aceptarse como excusa para modificar la legislación garantista de un Estado de Derecho y recortar de forma colectiva derechos como el de manifestación, opinión o expresión al conjunto de la sociedad. Amenazar con incriminaciones penales tan graves como la pertenencia a banda criminal por el simple hecho de convocar actos de protesta -tan legítimos, por ejemplo, como los que denuncian el recorte de derechos sociales y laborales y el desmantelamiento del Estado de Bienestar-, o incluir como atentado a la autoridad la resistencia pasiva únicamente como respuesta a la actuación violenta de unos pocos individuos es inaceptable desde el punto de vista de los valores democráticos. El Estado español ya ha cruzado importantes líneas rojas en el ámbito de los derechos humanos y democráticos con la excusa de la lucha contra el terrorismo de ETA, pero el Gobierno del PP plantea ahora una nueva batería de restricciones de derechos con la excusa de la actividad violenta de grupos antisistema y de violencia callejera, pero que tienen como fin político último paralizar la creciente movilización social de indignación contra las políticas empobrecedoras del neoliberalismo conservador con la amenaza de legalizar en el Código Penal la criminalización del derecho democrático a la protesta civil.