FUENTE: EL UNIVERSAL.COM/ MARTA COLOMINA.
Matan, roban, infectan pero... ¡chito!
Chávez procede al raspado de la olla patria a través del endeudamiento ilimitado
La Venezuela de Chávez es el único país del continente que se ha negado de manera reiterada a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA nos visite para comprobar directamente la situación de esos derechos. Baten récords las denuncias que reposan en el seno de esa comisión relativas a la violación de los derechos y libertades, respetados por los gobiernos democráticos e infringidos constantemente por el régimen de Hugo Chávez.
Esta semana el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y la ONG Espacio Público asistieron a la audiencia concedida por la CIDH en la cual presentaron un documentado informe sobre las numerosas violaciones a la Libertad de Expresión y las violentas agresiones de que somos víctimas los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Abundan testimonios sobre la brutalidad de la Guardia Nacional y de grupos violentos pro gobierno contra los reporteros que cubren las protestas sociales o que intentan abordar las fuentes oficiales. A esta persecución se unen los cierres y amenazas contra los medios audiovisuales, cuya concesión depende del capricho oficial, y las multas injustas, como la de $2 millones a Globovisión por transmitir declaraciones críticas de familiares de los presos sobre el torpe manejo gubernamental de la crisis carcelaria. De la radio venezolana han desaparecido los analistas críticos que documentaban las altas cifras de muertes violentas en el país; los niveles de desabastecimiento y de inflación; la corrupción, impericia y endeudamiento de Pdvsa; el deterioro del sistema eléctrico, las mentiras sobre viviendas construidas y el estado ruinoso de empresas y fincas "expropiadas" -es decir, robadas-, por solo nombrar algunas de las calamidades atribuibles al Gobierno que ha dilapidado más de $ un billón 400 mil millones.
Periodistas que aún mantienen sus espacios radiales se han visto obligados a "bajar el tono" mientras ha crecido abiertamente la tendencia favorable al Gobierno y desaparecido la pluralidad. Salvo honrosas excepciones como la de Globovisión, es en los medios impresos (por no estar sometidos a la "concesión" oficial), donde son tratadas ampliamente noticias que el Gobierno quiere silenciar, como la contaminación del agua, sobre la cual un juez rojo aplicó censura previa instado por la sumisión de la Fiscal a las órdenes públicas de Chávez. O sobre los casi 20 mil crímenes de 2011, ausentes en la Memoria del ministro del Interior, al igual que en la de MinPrisiones se omitió la masacre del Rodeo I y II y la violencia carcelaria. O sobre la enfermedad presidencial, de cuyos detalles nos enteramos extraoficialmente con grave riesgo de los informantes y medios que los publican. La consigna es: no importa que ocurran los delitos, pero que no sepan.
Los representantes de Chávez en la audiencia de la OEA acusaron a la CIDH de ser ficha del "Imperio" y a los ponentes de "golpistas" y "terroristas". La "solución" dada a la violencia contra periodistas de fuentes oficiales (28,6% fueron agresiones físicas) es que los reporteros "no vayan a los actos públicos y los cubran por VTV". Es decir, fuera la información veraz. Sométanse a la propaganda de los medios oficiales. Mientras esto ocurría en Washington, varios periodistas de La Prensa de Barinas comparecían ante el Sebin (policía política) por haber denunciado "una red de extorsionadores en la alcaldía de Barinas que cobraban hasta Bs. 50 mil por un permiso de construcción". (EU 28-03-12). Como la Fiscal en el caso del agua "piche" por carga bacteriana muy superior a la permitida dice que "ni el Ministerio del Ambiente, ni las Hidros están obligadas a demostrar su potabilidad, sino los medios los que deben probar que no es apta para el consumo", así el Sebin investiga a los denunciantes y no a los denunciados. Claro terrorismo policial y judicial contra el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados sobre los asuntos que afectan su salud y su vida.
El acoso a los medios es dictatorial. En la Memoria del Ministerio de Propaganda del régimen citan como "logros del Minci" un "mapa de los medios radioeléctricos privados de Venezuela que incluye sus tendencias políticas clasificadas y analizadas por el Sebin y las Vicepresidencias regionales del PSUV". Así las cosas, a las amenazas e insultos recientes contra los caricaturistas podría añadirse la acusación de ser culpables hasta del cáncer oficial, mientras Chávez procede al definitivo raspado de la olla patria a través del inconstitucional endeudamiento ilimitado para el que ni siquiera consultará al BCV, ni a la AN.
Esta semana el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y la ONG Espacio Público asistieron a la audiencia concedida por la CIDH en la cual presentaron un documentado informe sobre las numerosas violaciones a la Libertad de Expresión y las violentas agresiones de que somos víctimas los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Abundan testimonios sobre la brutalidad de la Guardia Nacional y de grupos violentos pro gobierno contra los reporteros que cubren las protestas sociales o que intentan abordar las fuentes oficiales. A esta persecución se unen los cierres y amenazas contra los medios audiovisuales, cuya concesión depende del capricho oficial, y las multas injustas, como la de $2 millones a Globovisión por transmitir declaraciones críticas de familiares de los presos sobre el torpe manejo gubernamental de la crisis carcelaria. De la radio venezolana han desaparecido los analistas críticos que documentaban las altas cifras de muertes violentas en el país; los niveles de desabastecimiento y de inflación; la corrupción, impericia y endeudamiento de Pdvsa; el deterioro del sistema eléctrico, las mentiras sobre viviendas construidas y el estado ruinoso de empresas y fincas "expropiadas" -es decir, robadas-, por solo nombrar algunas de las calamidades atribuibles al Gobierno que ha dilapidado más de $ un billón 400 mil millones.
Periodistas que aún mantienen sus espacios radiales se han visto obligados a "bajar el tono" mientras ha crecido abiertamente la tendencia favorable al Gobierno y desaparecido la pluralidad. Salvo honrosas excepciones como la de Globovisión, es en los medios impresos (por no estar sometidos a la "concesión" oficial), donde son tratadas ampliamente noticias que el Gobierno quiere silenciar, como la contaminación del agua, sobre la cual un juez rojo aplicó censura previa instado por la sumisión de la Fiscal a las órdenes públicas de Chávez. O sobre los casi 20 mil crímenes de 2011, ausentes en la Memoria del ministro del Interior, al igual que en la de MinPrisiones se omitió la masacre del Rodeo I y II y la violencia carcelaria. O sobre la enfermedad presidencial, de cuyos detalles nos enteramos extraoficialmente con grave riesgo de los informantes y medios que los publican. La consigna es: no importa que ocurran los delitos, pero que no sepan.
Los representantes de Chávez en la audiencia de la OEA acusaron a la CIDH de ser ficha del "Imperio" y a los ponentes de "golpistas" y "terroristas". La "solución" dada a la violencia contra periodistas de fuentes oficiales (28,6% fueron agresiones físicas) es que los reporteros "no vayan a los actos públicos y los cubran por VTV". Es decir, fuera la información veraz. Sométanse a la propaganda de los medios oficiales. Mientras esto ocurría en Washington, varios periodistas de La Prensa de Barinas comparecían ante el Sebin (policía política) por haber denunciado "una red de extorsionadores en la alcaldía de Barinas que cobraban hasta Bs. 50 mil por un permiso de construcción". (EU 28-03-12). Como la Fiscal en el caso del agua "piche" por carga bacteriana muy superior a la permitida dice que "ni el Ministerio del Ambiente, ni las Hidros están obligadas a demostrar su potabilidad, sino los medios los que deben probar que no es apta para el consumo", así el Sebin investiga a los denunciantes y no a los denunciados. Claro terrorismo policial y judicial contra el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados sobre los asuntos que afectan su salud y su vida.
El acoso a los medios es dictatorial. En la Memoria del Ministerio de Propaganda del régimen citan como "logros del Minci" un "mapa de los medios radioeléctricos privados de Venezuela que incluye sus tendencias políticas clasificadas y analizadas por el Sebin y las Vicepresidencias regionales del PSUV". Así las cosas, a las amenazas e insultos recientes contra los caricaturistas podría añadirse la acusación de ser culpables hasta del cáncer oficial, mientras Chávez procede al definitivo raspado de la olla patria a través del inconstitucional endeudamiento ilimitado para el que ni siquiera consultará al BCV, ni a la AN.
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