Arias Cañete asume que Bruselas multará a España por depurar mal
Medio Ambiente prevé una sanción de entre 20 y 50 millones al año
Casi 1.000 localidades vierten aguas residuales sin el tratamiento correcto
El Ministerio de Medio Ambiente encara pesimista la batalla ambiental ante la Comisión Europea. Al menos la que se refiere a la mala depuración de aguas residuales. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha enviado al Consejo Asesor de Medio Ambiente un documento en el que admite que España incumple la norma de depuración y parece dar por hecho que España recibirá una sanción económica de entre 20 y 50 millones al año a contar desde abril de 2011. Lo achaca a la herencia del PSOE.
Bruselas tiene a España en su punto de mira por la depuración desde hace años. Aunque el país trata correctamente el 83% de sus aguas residuales, la dispersión de poblaciones obliga a construir miles de estaciones de tratamiento (la cifra es menor en países con la población más concentrada). Bruselas ha abierto dos procedimientos sancionadores contra España y prepara un tercero. En 2011, el Tribunal de Luxemburgo condenó a España porque 38 ciudades de más de 15.000 habitantes no depuraban correctamente.
Medio Ambiente admite que de esas 38 localidades, “15 han resuelto el problema, 12 tienen una instalación de depuración en construcción y las 11 restantes todavía no han implantado medidas”. Entre ellas están las depuradoras de Nerja (Málaga), Santiago de Compostela (A Coruña) y Vigo (Pontevedra). La depuración es competencia autonómica y municipal, aunque Medio Ambiente cofinancia muchas de las obras.
Además, el año pasado Bruselas denunció a España porque 39 ciudades no depuraban correctamente el agua en zonas declaradas como sensibles. En lugares con mayor valor ecológico, Bruselas exige un tratamiento mayor. Hay un tercer procedimiento que comienza ahora porque 912 pueblos de más de 2.000 habitantes incumplen la norma. Hay localidades en todas las comunidades, salvo en Navarra y Murcia.
Ante este panorama, Arias Cañete irá a Bruselas el 8 de marzo y parece dar por hecho que no evitará la multa. El ministro ya fue muy duro en su comparecencia parlamentaria con la calidad de las aguas y en el Informe de la situación de la gestión del agua en España mantiene el tono.
Tanto, que llega a dar una estimación económica de la multa que puede caerle a España solo por el primer procedimiento (el de las 38 depuradoras). La cifra oscilaría entre los 20 y los 50 millones al año en concepto de “multa coercitiva” y entre dos y cinco como “suma a tanto alzado”, que se paga una sola vez. El ministerio extrapola la sanción recibida por Luxemburgo y Bélgica.
Una portavoz del ministerio afirma: “La situación encontrada es muy difícil. La preocupación es máxima por la situación, pero no se tira la toalla”. El informe señala que el objetivo es llegar al “100% de la depuración de las aguas y que desaparezcan los procedimientos sancionadores”.
Lo relevante del caso es que el ministerio opta por la sinceridad total y ya parece asumir por escrito —y con membrete— la multa. Lo habitual hasta ahora era resaltar ante Bruselas los progresos para intentar eludir la sanción. Fuentes del sector interpretan que así Medio Ambiente muestra ante Hacienda lo importante de no recortar en esa partida. Ángel Cajigas, de la patronal de tratamiento de agua (ATTA), calcula que para mejorar la situación comunidades, Ayuntamientos y Gobierno deben invertir unos 1.000 millones al año.
Aunque España acumula un largo historial de condenas en el Tribunal de Luxemburgo por temas ambientales (las minas a cielo abierto de Laciana, la carretera M-501...), Bruselas rara vez llega hasta la multa. Antes negocia con el Gobierno una solución.
Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, no comparte que se dé por hecho que habrá sanción: “No nos parece bien que asuman la multa. Lo que tienen que hacer es invertir. Con la crisis, hay comunidades como Madrid que han relajado mucho las inversiones”. La de la mala depuración puede ser el inicio de un rosario de problemas con la Comisión Europea por los incumplimientos ambientales, por la mala calidad del aire y el retraso en los planes de cuenca, entre otros.
El informe de Medio Ambiente no menciona la posibilidad de construir un nuevo trasvase y se limita a señalar que el Gobierno quiere un nuevo “Plan Hidrológico Nacional contando con todas las tecnologías”.
DESDE OTRO MEDIO DE INFORMACIÓN….
España incumple la norma europea de depuración de aguas residuales y se enfrenta a una importante sanción económica
España depura mal sus aguas residuales
Según informa El País, aunque el 83% de las aguas residuales españolas sí se depuran correctamente, la dispersión de la población obliga a construir más estaciones de tratamiento que en los países donde la población está más concentrada. El Tribunal de Luxemburgo ya condenó a España el año pasado porque 38 localidades de más de 15.000 habitantes no depuraban como indica la normativa. En esta ocasión, España se enfrenta a una sanción de entre 20 y 50 millones de euros al años.
El Ministerio de Medio Ambiente, en declaraciones al diario El País, ha afirmado que de 15 de esas 38 localidades ya han resuelto el problema. Hay 12 más con una instalación depuradora en construcción y otras 11, como las depuradoras de Nerja (Málaga), Santiago de Compostela y Vigo, que todavía no han implantado medidas.
Pero ésta no es la única denuncia de la Unión Europea. En 2011, Bruselas también denunció a España porque en 39 ciudades de zonas medioambientalmente sensibles no se depuraban las aguas correctamente. En estos enclaves, el tratamiento de las aguas debe ser más exhaustivo. Además, también existe una tercera denuncia para 912 pueblos de más de 2.000 habitantes repartidos por toda la geografía española, salvo Navarra y Murcia, que no cumplen la normativa europea.
Miguel Arias Cañete, ministro de medio ambiente, sostiene una posición muy crítica con la calidad de las aguas y el Informe de la situación de la gestión del agua en España. El ministro ya ha enviado un documento al Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Unión Europea en el que admite que España incumple la norma de depuración, una situación que achaca al anterior gobierno.
Si hasta la fecha lo habitual era resaltar los progresos para evitar la multa, el actual ministerio ha optado por asumir la sanción, que podría ser de entre 20 y 50 millones al año. Según explica El País, esto puede interpretarse como una muestra de lo importante que es no recortar recursos en este sector. Ángel Cajigas, de la patronal de tratamiento de agua (ATTA), señaló para el mencionado diario que será necesaria una inversión de 1.000 millones de euros anuales para mejorar la situación. Aunque la depuración de las aguas es competencia autonómica y municipal, el ministerio cofinancia muchas de las obras.
Por su parte, Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, defiende que “no nos parece bien que asuman la multa. Lo que tienen que hacer es invertir. Con la crisis, hay comunidades como Madrid que han relajado mucho las inversiones”.
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