ENTREVISTA A JUAN FRANCISCO SOTO
El director del Centro de Acción legal en Guatemala, uno de los impulsores de las querellas por genocidio contra militares durante el conflicto armado, valora las consecuencias de la primera declaración del exdictador Ríos Montt ante la justicia
PATRICIA CAMPELO MADRID
Los colectivos civiles de víctimas de crímenes contra la humanidad juegan un papel destacado a la hora de lograr los procesos judiciales que se desarrollan contra los responsables de estos delitos. En el caso de Guatemala, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) inició en 2001 las demandas por genocidio en los tribunales del país que han terminado sentando en el banquillo al exdictador José Efraín Ríos Montt. Esta organización logró que el Ejército de Guatemala entregara los planes militares Victoria 82 y Firmeza 83, documentos que reflejan la violencia con la que el Ejército actuó contra la población maya. También consiguió que se dictara la primera sentencia por desaparición forzada en el marco del caso Felipe Cusanero y la imputación por genocidio de López Fuentes, jefe del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, entre otros procesos judiciales contra responsables durante el conflicto. Juan Francisco Soto es el director de CALDH.
Ríos Montt ha quedado ligado al proceso judicial acusado de crímenes contra la humanidad y genocidio. ¿En qué momento se produjo en Guatemala el cambio para que fuese posible juzgar a algunos responsables del conflicto armado?
Un momento crucial es el cambio de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Con esto se inició una investigación seria y objetiva, algo que llevaban solicitando las víctimas desde hace más de once años. Por otra parte, con la creación de los tribunales de alto impacto existen operadores de justicia que han asumido el papel que la Constitución política de la República les da: impartir justicia.
¿La impunidad se extiende hacia el resto de élites de poder en Guatemala?
Sí. Los niveles de impunidad, tanto en casos del pasado como del presente, son alarmantes. Y es importante mencionar que las causas que originaron el conflicto en el país aún persisten y por ello la oligarquía de Guatemala continúa penetrando en el Estado para mantener los privilegios que históricamente ha tenido. Los casos para juzgar las graves violaciones a los derechos humanos están iniciándose en el país pero hace falta una respuesta más contundente por parte del Estado.
La lucha contra la impunidad de estos crímenes, ¿sirve de base para poner fin a los niveles de criminalidad que existen en Guatemala?
Estamos completamente convencidos que la tramitación legal de este tipo de casos son la mejor forma de garantizar en el país la no repetición de los hechos. La justicia debe encabezar el derecho a la verdad y la memoria histórica de nuestro país. Se envía un claro mensaje a las futuras generaciones de que lo ocurrido en Guatemala se dio en gran medida por la impunidad imperante en el país y que ni la sociedad ni el sistema de justicia están dispuestos a tolerarlo de nuevo. Previene a las autoridades de ahora, en todos los niveles, a no cometer actos ilegales porque se tiene un sistema de justicia que los juzgará y una sociedad que los señalará.
Ha sido el propio Ríos Montt quien se presentó ante la justicia.
La presión ejercida por las organizaciones de víctimas y de derechos humanos ha ayudado a las instancias estatales en las investigaciones, presionando para que se haya podido llegar a este punto en el proceso. También ha influido la pérdida paulatina de poder político que ha tenido el partido de Montt, el Frente Republicano Guatemalteco, que actualmente tiene un diputado en el poder legislativo. Con todo, el hecho de su presentación voluntaria parece una estrategia jurídica para evitar su posible captura, así como la búsqueda de una medida sustitutiva. De hecho, ha sido beneficiado con un arresto domiciliario.
¿Qué perspectivas hay de que se abra juicio contra él?
Las pruebas recabadas tanto por la fiscalía como por los querellantes son contundentes para demostrar su participación en ambos delitos. En la investigación se cuenta con más de 100 declaraciones testimoniales de víctimas que constituyen los elementos del delito de genocidio, alrededor de 72 informes de antropología forense que contienen unas 317 osamentas que se han logrado exhumar hasta la fecha, varios peritajes realizados por expertos en diferentes ramas profesionales, una serie de decretos leyes que dieron el marco jurídico a la política genocida, así como pruebas fotográfica y vídeos.
¿Qué supuso la aparición del Plan de Operaciones Sofía a finales de 2009?
Es un documento de un valor incalculable no solo para el tema judicial sino para establecer la verdad y la memoria histórica de Guatemala. En él se puede visualizar claramente la estrategia de concentración y aniquilamiento de la población Ixil. Se demuestra la comunicación existente entre las operaciones de campo con el alto mando militar y el involucramiento de éste en las mismas. Este documento es la versión escrita del ejército de Guatemala sobre lo sucedido durante el genocidio.
Rigoberta Menchú puso la primera piedra de este camino denunciando los hechos ante la Audiencia Nacional de España. ¿Qué opinión le merece el juicio al juez Baltasar Garzón por tratar de investigar delitos ocurridos en el franquismo?
Un retroceso desde todo punto de vista. Pone en riesgo el mismo proceso de lucha por el derecho a la verdad y la memoria en España, en donde se intentó un borrón y cuenta nueva no previendo que la verdad y la memoria son ineludibles a toda sociedad, son parte de su historia y constituyen parte de su avance o retroceso. La verdad y la memoria son un derecho de toda persona, de la humanidad. Esperamos que declaren inocente a Garzón y la sociedad española, como la nuestra, pueda debatir su historia para no estar condenada a repetir el doloroso pasado.
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