CASOS DE CORRUPCIÓN.
Corrupciones Urbanísticas en diferentes municipios. La corrupción urbanística es el abuso del poder de los cargos públicos vinculado a la especulación inmobiliaria y el incumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales con objeto enriquecimiento ilícito.
Sus causas son muchas y muy diversas, y un punto clave es la financiación de los ayuntamientos. El proceso de descentralización en España que trajo consigo el Estado de las Autonomías, ha llevado a que los ayuntamientos se hayan visto obligados a prestar a los ciudadanos servicios que antes ofrecía el gobierno central.[1]
Competencias Urbanísticas: La constitución española en su artículo 148. permite a las comunidades autónomas asumir competencias en materia de ordenación de territorio, salvando los derechos estatales dictaminados en el Art 146 de la constitución Española.
Constitución española Artículo 148. año 1978 Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
-Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
-Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
-ETC
Por lo tanto las comunidades autónomas tienes potestad única y exclusiva de la ordenación de suelo.
Intentos de cambio en la Ley de Suelo
Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional
Artículo principal: Sentencia derogatoria 61/1997 del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional, en sentencia del 20 de marzo de 1997, derogaría casi en su totalidad la ley de 1990/92. Los recursos presentados por varias Comunidades autónomas se basaban en que la ley invadía sus competencias sobre ordenación del territorio.
Sentencia 164/2001 del Tribunal Constitucional Artículo principal: Sentencia derogatoria 164/2001 del Tribunal Constitucional
Deroga parte de la ley del Suelo del 98, por invadir parte de las competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.[
Recae de nuevo toda la responsabilidad sobre las comunidades Autónomas, generando los nuevos planes urbanísticos en su territorio, sin que el estado tenga potestad sobre ellos.
Esta descentralización buscaba una mayor eficacia en la prestación de dichos servicios, a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos. Sin embargo ha planteado desafíos en cuanto a la financiación que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien respondidos.[2] Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa[1] de recaudar impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no. La financiación a partir de la recalificación de suelo implica aumentar la presión fiscal de manera heterogénea, haciendo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a 30 y 40 años.
La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta 20 veces, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo.[3] Los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas cuantiosas sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que va incluido en el elevado precio de la vivienda.
La consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta (transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etc), también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal, fenómeno que constituye el núcleo de lo que se conoce como corrupción urbanística.[4]
La ONG Transparencia Internacional en su informe del año 2.006 señaló: “el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno”, sobre todo “en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades”. La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años”.
Esta situación fue también denunciada en el Parlamento Europeo en 2009 por el Informe Auken[5] (elaborado por la eurodiputada verde danesa Magrete Auken) elaborado tras 5 años de estudios con la colaboración de plataformas y ciudadanos españoles. Este informe (aunque no vinculante) pedía, entre otras cosas a las autoridades regionales competentes que declaren una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, recordaba que la Comisión [...] está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales y de cohesión y criticaba los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales. La aprobación del Europarlamento se llevó a cabo a pesar de la campaña de los partidos mayoritarios españoles PP y PSOE en su contra.[6] [7]
Casos denunciados
Actualmente se investigan judicialmente los siguientes casos de corrupción urbanística.[8]
Carboneras: El 10 de mayo de 2007 el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, comunicó que la Junta de Andalucía va a comprar los terrenos sobre los que se asienta el hotel ilegal El Algarrobico, y los terrenos adyacentes con el fin de restaurar la playa del Algarrobico para devolverla, en la medida de lo posible, a su estado original (situada en el Par). El hotel era el primero de lo que estaba proyectado como un complejo de ocho hoteles, 1.500 apartamentos y un campo de golf. Su construcción se inició gracias a una licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras, en base a una modificación municipal que convirtió en urbanizable una playa virgen situada a cuatro kilómetros del casco urbano.
Cuevas del Almanzora: En la pedanía de Villaricos, Ecologistas en Acción y la Plataforma Salvemos Villaricos denunció la construcción de viviendas a 10 metros de la playa. En dicho solar se encontraron también restos arqueologícos de la época visigótica.
Zurgena: Concejales del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) serán llamados a declarar por el Juzgado de Huércal Overa, a petición de la Fiscalía, como presuntos autores de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por conceder licencia de obras a 1.300 chalés en zonas no urbanizable. El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, Ceacop, Tomás Zurano, también presidente del grupo inmobiliario 'Dizu' y que integró el Comité de Expertos para la redacción del programa electoral del PSOE de Almería en las pasadas elecciones autonómicas, es una de las seis personas detenidas por su presunta implicación en la la trama urbanística de Zurgena (Almería). El alcalde de Zurgena Cándido Trabalón, fue detenido por la Guardia Civil en una operación coordinada con el Fiscal de Medio Ambiente de Almería que investiga desde hace más de un año diferentes delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio. También fue detenido el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, también del Partido Andalucista, el arquitecto municipal Carlos Berbel, además del arquitecto técnico y un constructor de la comarca de la Almanzora.
Chiclana:En la operación policial "Obra Nueva", agentes de la Guardia Civil desmatelaron un entramado formado por técnicos del Ayuntamiento y agentes inmobiliarios. Los autores de la trama se acercaban a los propietarios de parcelas de zonas como El Marquesado, el Pinar de los Franceses o Los Gallos (parajes urbanos no consolidados) y se ofrecían a gestionar la venta del terreno. Para ello, el propietario les entregaba un poder notarial que les daba vía libre para actuar. Así, dividían la finca en parcelas y emitían un certificado garantizando la existencia de varias viviendas que en realidad no existían, aunque en los documentos figuraba que tenían más de cuatro años de antigüedad.
De este modo conseguirían eludir responsabilidades penales o económicas, puesto que el delito había prescrito. El arquitecto imputado, había ya sido condenado por el mismo delito con anterioridad.
Puerto de Santa María: El juzgado número 3 del municipio del Puerto de Santa María ordenó las detenciones de cinco imputados por un presunto caso de corrupción urbanística en el municipio. Entre los detenidos figuran el exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez (del grupo Independientes Portuenses) y el actual jefe del servicio de licencias urbanísticas del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell.
Alcaucín: La Guardia Civil detuvo el 28 de febrero de 2009 a 13 personas en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en las provincias andaluzas de Málaga y Huelva. El alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados. Además entre los detenidos estaban, dos hijas del alcalde y José Mora, jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, dos arquitectos, empresarios dedicados a la promoción y construcción de viviendas y un intermediario. A los detenidos se les imputó por parte de la Fiscalía, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa, según la información facilitada por la Guardia Civil. La 'operación Arcos' continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La investigación, en la que colaboró activamente el SEPRONA de la Guardia Civil de Málaga, ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.
Alhaurín el Grande: En la llamada Operación Troya, el alcalde y el concejal de urbanismo, ambos del PP, fueron detenidos bajo los cargos de cohecho y prevaricación. La juez decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros. Otras 18 personas, en su mayoría empresarios de la construcción, han sido detenidas bajo la imputación inicial el delito de cohecho.[9]
Almáchar: El juez imputó al Presidente de la Diputación, y anterior Alcalde de Almachar, el delito de prevaricación omisiva, al permitir la construcción de viviendas en suelo no urbanizable. Están imputados en la causa, además de Fernández España, un ex técnico municipal del Ayuntamiento de Almáchar y otras tres personas, todas ellas por acción u omisión en la edificación de varias viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable entre 2003 y 2007.
Estepona: El ex-alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), tuvo que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Caso Malaya. Barrientos tuvo que rectificar en varias ocasiones por operaciones sospechosas.
Guillena: Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.
La Muela: El Gobierno de Aragón ha decidido recurrir ante los tribunales un plan para edificar 2.340 viviendas, que forman parte de un proyecto aún mayor que ha quedado paralizado. El 18 de marzo de 2009, la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del PAR, y otras 17 personas, entre las que se encuentra su marido, fueron detenidas por su presunta implicación en un delito de corrupción urbanística, llevada a cabo por orden del juzgado de instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), que abrió este caso a raíz de una denuncia particular. [18]
Palma Arena: El pabellón polideportivo de Palma Arena, sufrió un desfase presupuestario de más de 60 millones de euros (de 48 a 110 millones de euros),[11] por lo que la Fiscalía Anticorrupción sostiene su principal acusación en el caso Palma Arena, la de la malversación de caudales públicos, basándose en el peritaje técnico elaborado a petición del juez José Castro por los actuales responsables del Consorcio para la Construcción del velódromo palmesano.[12]
Llucmajor: El ex-alcalde Lluc Tomàs y ex-Policia Nacional, Joaquín Rabasco son condenados por el Tribunal Supremo por malversación de fondos públicos y alzamiento de bienes.[13]
Firgas: El alcalde, Francisco Ponce, fue condenado en 2002 a 9 años de inhabilitación por un caso de prevariación, estando pendiente en otro caso por irregularidades en la concesión de tres licencias urbanísticas.[http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=130091
Arnuero: Una sentencia del Tribunal Superior exige la demolición de la urbanización El Encinar, construida sobre suelo no urbano, según denunció el grupo ecologista Arca (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria). Quien era alcalde cuando se empezó a construir la urbanización, José Luis Rey Villa (Unión para el Progreso de Cantabria), fue condenado a 14 años de inhabilitación por otro caso urbanístico.[14]
Castro Urdiales: A mediados de enero de 2010 el juez imputó a un total de 32 personas, entre concejales, funcionarios, empresarios y técnicos, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio.[15]
Piélagos: A finales de febrero de 2011 el juzgado de lo penal número dos de Santander ha condenado al alcalde a prisión e inhabilitación por un delito continuado de prevaricación urbanística, cuya consecuencia ha sido la orden de demolición de casi 400 viviendas en cinco urbanizaciones de Liencres y el Alto del Cuco.[16]
Chinchilla de Montearagón. Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, denunciaron la urbanización a realizar en el término municipal de Chinchilla, y conocida como La Losilla, de más de 2.000 viviendas con campo de golf, por considerarla una modificación encubierta del Plan de Ordenación Municipal de Albacete.[17] Así mismo, Ecologistas en Acción presentó denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, por haber concedido licencias de edificación sin carecer de los correspondientes permisos para el abastecimiento de agua potable.[18]
Albacete: Los tribunales anularon, a raíz del Contencioso Administrativo interpuesto por Izquierda Unida, los presupuestos del año 2.006, al no destinarse el dinero generado por los convenios urbanísticos a su fin de comprar suelo para ejecutar vivienda protegida.[19]
Elche de la Sierra: La la alcaldesa socialista Carmen Ruiz Escudero, y de su teniente de alcalde, Juan Carlos Belmonte Merenciano, con registro de entrada en el Ayuntamiento el pasado 14 de noviembre de 2008, presentaron su dimisión, tras ser imputados por las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Hellín por prevaricación urbanística continuada en el municipio[20]
Casas de Juan Núñez: El alcalde socialista de Casas de Juan Núñez, Abencio Cutanda, declaró el día 14 de Noviembre de 2.010, junto a otras tres personas, imputado en un caso de presunto delito contra la ordenación del territorio. El informe de la Guardia Civil, tras realizar un estudio de la situación, la obra, la documentación y otros testimonios de las personas que participaron, apuntaba la posible existencia de dos presuntos delitos. Uno contra la ordenación del territorio, y otro supuesto delito de falsedad documental, ya que en algunos documentos el suelo aparecía como 'urbano' a pesar de no tener esta condición. El atestado realizado por la Guardia Civil consideraba que los informes técnicos se utilizaron de forma parcial, obviando aspectos fundamentales como los condicionantes de diversos trámites a que la construcción sólo podría realizarse cuanto se aprobase el PAU de la zona. Apuntan incluso a que toda la tramitación de la licencia (que se concedió finalmente en noviembre de 2007) pretendía «facilitar a toda costa» la concesión.[21]
Ocaña: El 19 de septiembre de 2009, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Toledo, declaró ilegal un Programa de Actuación Urbanizadora aprobado por el Ayuntamiento, tras recurso presentado por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Se da la circunstancia de que existían informes desfavorables de la Secretaría municipal y en el propio acta de la sesión en la que se adoptó el acuerdo se reconoce el desaguisado.[22]
Cuenca: El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez, reveló que tanto el servicio jurídico del Estado como la Fiscalía de la institución "tienen conocimiento" de irregularidades en el Ayuntamiento de Cuenca entre los años 2004 y 2005, donde se había detectado falta de control urbanístico e insolvencia de las cuentas públicas. El caso se encuentra ya en la "sección de enjuiciamiento" del Tribunal a la espera de que puedan atribuirse responsabilidades penales y contables.
Sisante: Noticias Quatro grabó un presunto soborno para conseguir la adjudicación de un polígono industrial en el municipio.
Caso de la Ciudad del Golf: El ayuntamiento de Las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra. El alcalde, el secretario del Ayuntamiento, el director de Medio Natural de la Junta y el ex delegado de la Junta de Castilla y León en Ávila están imputados por existir indicios racionales de la comisión de varios delitos.
El Tribunal Superior de Justicia anula por segunda vez el Proyecto de Actuación del sector S-7 del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos. Desarrollado por el Sistema de Concurrencia, no incluia el urbanizador propuesto ni tampoco la adjudicación del concurso para la selección del urbanizador.[23]
Arroyo de la Encomienda: el PSOE denuncia un pelotazo urbanístico, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid. La trama relaciona al alcalde de la localidad, José Manuel Méndez, y al una promotora gallega. El alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector nueve del Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2003.[24]
Villalba de los Alcores: es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.[25]
Cataluña: el ex presidente de la Generalidad Pasqual Maragall, sacó a la luz pública las presuntas comisiones que miembros de CIU cobraban en los ayuntamientos donde gobernaban. A cambio de licencias para construir, los cargos de dicho partido hubieran recibido el 3 por ciento del precio final de las viviendas.[26] De tal acusación, se retractó inmediatamente.
Estafa en la remodelación (PERI) de las Viviendas Gobernador en Barcelona.
Santa Coloma de Gramanet: (PSC) El alcalde de la ciudad, Bartomeu Muñoz junto con el concejal de Urbanismo, han sido detenidos por un posible caso de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho. También se está investigando el Consistorio de Badalona (PSC) y el de San Andrés de Llavaneras (CIU). La operación judicial, está a cargo del juez Baltasar Garzón, y gestionado por la Audiencia Nacional.[27]
Torrevieja: El Tribunal Supremo, confirmó la ilegalidad del Paseo Marítimo Juan Aparicio , ya que el mismo se había construido en zona de Dominio Público, incumpliendo la Ley de Costas, e imponiendo una sanción económica al Ayuntamiento de 833.000 euros. Se da la circunstancia, que a raíz de la mala ejecución de dichas obras, una niña de dieciséis años, quedó tetrapléjica el 30 de junio de 1999, por lo que también se condenó al Ayuntamiento a una sanción de más de 600.000 euros como responsable de dichas obras.
Benitachell. El alcalde del municipio de Poble Nou de Benitachell, Juan Cardona, y a su primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ambos independientes bajo las siglas del Partido Independiente Democrático de Benitachell (PIDEB) fueron detenidos por la Guardia Civil el 9 de julio de 2008 acusados de un delito de corrupción urbanística.
Denia: el ex-Gerente de Urbanismo de este municipio fue imputado por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos, tras la denuncia presentada por la Alcaldesa, la popular Ana Kringe. Se da la circunstancia de que el propio Ex-Gerente de Urbanismo denunció a la actual alcaldesa por prevaricación en su despido, así como al Concejal de Hacienda, por injurias.
Villajoyosa: La promotora del Hotel Atrium Beach, ha sido sancionada por por la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana por un exceso de edificabilidad, sanciones en base a las cuales la promotora tiene que derribar 14.470 metros cuadrados del hotel, además de hacer frente a una multa de 12 millones de euros. http://www.hosteltur.com/noticias/30123_promotora-atrium-beach-villajoyosa-estudia-recurrir-judicialmente-sancion-impuesta-gobierno-valenciano-derribo-parte-hotel.html
Montroy: El 3 de febrero de 2009 es detenido el que fuera alcalde de la localidad, Javier Carrión, del PP por delito urbanístico y prevaricación.[28]
Valencia: la Asociación de vecinos del barrio de El Cabanyal, lleva años oponiéndose al plan de la Corporación municipal de demoler parte del barrio y ampliar la Avenida Blasco Ibáñez hasta llegar a la playa.[26]
Caso Orquesta: En 2011 se detiene a los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos y a una constructora de Muxia de Daniel Ogando por cohecho y prevaricación en adquisiciones de solares.[29]
Brunete: el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP), dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).
Getafe: La Concejal de obras de Getafe declara en los juzgados como imputada por un caso de presunta corrupción urbanística[30]
Madrid: La Guardia Civil desmanteló en la Operación Guateque una trama de funcionarios del Ayuntamiento que exigía dinero a cambio de acelerar las licencias de actividad a diversos locales de ocio y restauración en dicha ciudad. De resultas de dicha operación, se detuvieron a 16 funcionarios y técnicos de dicho Ayuntamiento.[28]
Villanueva de la Cañada: el alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo Barrena cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País. En un auto de fecha 16 de enero de 2006, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Móstoles ha decidido inhibirse en favor del número 4 de la misma localidad en relación a las diligencias previas 6598/2006 iniciadas a partir de la presentación de una querella criminal de la Fiscalía Anticorrupción en relación al llamado caso Porto Rey en Villanueva de la Cañada. El motivo de la inhibición es que se ha comprobado que existe una denuncia anterior, de febrero de 2005, de Ecologistas en Acción que estaba en trámite en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles. Dicha denuncia había pasado inadvertida inicialmente para el Decanato de los Juzgados. Ecologistas en Acción denunció el 20 de febrero de 2005 una larga lista de irregularidades en el proceso de aprobación de los Planes Parciales del sector 1 “Los Pocillos” y también del sector 3 “El Castillo” de Villanueva de la Cañada. Entre ellas estaba, la recalificación de facto de montes preservados y de áreas del Parque Regional del Guadarrama, el aumento de la edificabilidad que ello comportaba y la falta de informes ambientales básicos en el procedimiento de aprobación.
Cieza: el alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros. En este municipio, Greenpeace denuncia la recalificación de 20 millones de metros cuadrados para su urbanización. El alcalde, Antonio Tamayo declaró además en el Juzgado número 3 de Cieza por el denominado caso Cláufer, por la presunta concesión irregular de una licencia de ampliación a una granja porcina ilegal propiedad del jefe de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma, tras observar indicios de una supuesta prevaricación y tráfico de influencias. También están citados a declarar la responsable de Urbanismo y dos técnicos municipales.
San Javier: el gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativos presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso. También en San Javier el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, del PP, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.[33]
Librilla: cinco personas fueron detenidas en el marco de una operación contra una supuesta trama de corrupción urbanística, en la que están implicados el ex funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, ambos encargados de redactar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de Librillo.
Murcia: la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha decidido admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, contra el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, en la actualidad en excedencia. Bernal denunciaba que Peñalver habría favorecido a varias constructoras en la valoración del suelo. Además, el Colegio de Arquitectos abrió un expediente al arquitecto municipal hace más de un año, por presunta incompatibilidad entre su puesto en la Gerencia de Urbanismo y la actividad profesional del estudio de su familia. Esta presunta incompatibilidad fue denunciada por seis estudios de arquitectos. Según un informe hecho público por el PSOE en marzo y elaborado por los colegios de arquitectos, tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, que el Ayuntamiento de Murcia dejará de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.[32] [33]
Totana. La Guardia Civil, detuvo a seis personas por una supuesta trama de recalificación de terrenos en dicho municipio. Entre los imputados se encuentra el ex-alcalde. Actualmente, dicho caso está en fase de instrucción sumarial.[34]
Torre Pacheco. El alcalde de Torre Pacheco (Murcia), Daniel García Madrid, del PP, detenido, está acusado de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, informaron fuentes de la investigación. Además, han sido llamados a declarar, en calidad de imputados, José Luis Hernández de Arce, presidente del grupo empresarial Polaris World, y Juan Marcos Fernández Ferrugia, que hasta hace un año fue el director financiero del citado grupo.[35]
Egüés: el ex alcalde Ignacio Galipienzo, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), dimitió a finales de 2003 por el escándalo de un cobro de comisiones por vender a Construcciones Flores una parcela en Gorraiz que era de uso escolar y en la que la constructora quería erigir un hotel. En noviembre, el juez encargado del caso dio por cerrada la instrucción y atribuyó a Galipienzo un delito de cohecho y seis de prevaricación, e imputó a otras nueve personas.[34]
Entramado de corrupción caso Fabra.
Ocho años del caso Fabra
En 2003 se interpuso la primera demanda contra el dirigente de Castellón
En ocho años han trabajado en el caso nueve jueces y cuatro fiscales
Está imputado por presunto cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias
Víctor Navarro | Sandra Morales | Castellón
Ocho años se cumplen este mes de diciembre de 2011 del estallido del caso Fabra y la causa ha sufrido tantos avatares como años sobre sus espaldas.
Todo el mundo esperaba que durante la pasada legislatura llegara un pronunciamiento judicial respecto a los presuntos delitos atribuidos al presidente del Partido Popular de Castellón y entonces también de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra Carreras, después de años de acusaciones políticas, indicios judiciales y hasta consecuencias personales para los implicados en el que pronto llegó a denominarse el 'caso Fabra'.
La decisión del juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules (Castellón) de transformar en procedimiento para juicio popular las diligencias previas abiertas contra Fabra y contra otros 13 imputados más, al considerar que los hechos serían constitutivos de los "delitos de cohecho y tráfico de influencias", obligó a definir el proceso judicial y recapitular en una cronología los acontecimientos más relevantes desde la primera denuncia.
Vicente Vilar. J. Martí
¿Qué es el Caso Fabra?
Es un proceso judicial abierto contra el presidente de la Diputación y del PP de Castellón por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la Administración Pública y fraude fiscal. Hablar del caso Fabra es hablar del colapso de la Justicia en la provincia de Castellón, con el consiguiente retraso de todos los juzgados, más si cabe en los juzgados de Nules, donde se inició el caso Fabra, puesto que allí se interpuso la primera demanda contra él en 2003.
La interinidad laboral en estas dependencias ha llegado a tal extremo que en ocho años han trabajado en el caso Fabra nueve jueces y cuatro fiscales, lo cual también da una idea de la complicidad de un expediente que consta de miles de folios. Hasta ahora se ha archivado una de las causas.
Cronología
Diciembre de 2003. Vicente Vilar, un empresario castellonense y hasta entonces amigo íntimo de Carlos Fabra, se querella contra el presidente de la Diputación de Castellón, al que acusa de cobrarle cantidades millonarias a cambio de su mediación ante los ministerios para legalizar los fitosanitarios que fabricaba.
Enero de 2004. El Juzgado de Instrucción 1 de Nules ordena investigar a Fabra por supuestos delitos contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas).
Marzo de 2004. Son las primeras elecciones generales tras estallar el caso y el PP gana por la mínima. Tras la tragedia del 11-M, el PSOE llega a la Moncloa tras vencer en la mayoría de comunidades, sin embargo el PP de Castellón rompe la tendencia nacional y vuelve a ganar en las urnas con una ajustada victoria.
Diciembre de 2004. Carlos Fabra se presenta al congreso provincial del PP en Peñíscola y revalida su liderazgo sin oposición y casi por unanimidad.
Junio de 2005. La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal cometido en 1999. El Juzgado de Instrucción 1 de Nules admite a trámite la denuncia.
Septiembre de 2005. El Juzgado de Instrucción 2 de Nules abre otras diligencias de investigación a raíz de otra denuncia presentada por el ex amigo Vicente Vilar sobre la falsificación de cuños en los productos fitosanitarios.
Octubre de 2005. El primer juzgado de Nules amplía la investigación a las cuentas bancarias y al patrimonio de toda la familia Fabra. El Partido Socialista comienza a ejercer una fuerte oposición en torno a la figura del presidente de la Diputación y los procesos judiciales abiertos en su contra con vistas a las elecciones autonómicas y locales de 2007.
Junio de 2006. La Audiencia Provincial de Castellón condena al empresario Vicente Vilar a diez años de prisión por agredir sexualmente a su ex esposa Montserrat Vives, también involucrada hasta entonces en la supuesta trama de los sellos falsos para fitosanitarios.
Mayo de 2007. Tras una campaña electoral en la que el PSOE de Castellón centran sus esfuerzos en la corrupción como arma, el PP en esta provincia arrasa en los comicios locales y autonómicos, consolidando su liderazgo y ampliando las diferencias con sus oponentes.
Marzo de 2008. Las elecciones generales confirman la tendencia de los votantes de Castellón de avalar al PP en las urnas, como ya sucedió en los comicios de 2004, pero con unas diferencias abismales con respecto al PSOE, pese a que éste gobernará el país.
Diciembre de 2008. El PP sucumbe ante Fabra ya que el líder castellonense amplía el apoyo de los delegados en el congreso provincial celebrado en Peñíscola. El PP sigue confiando en Fabra, ahora con más apoyos que en 2004.
Mayo de 2009. El Juzgado de Instrucción 2 de Nules incoa procecimiento abreviado contra él por una posible falsificación de documentos. El proceso también afecta a su esposa María Amparo Fernández, la ex esposa de Vicente Vilar, Montserrat Vives y el ex alto cargo ministerial Domingo Cadahía.
Últimas comparecencias. | J. M.
22 de mayo de 2009. La Fiscalía Anticorrupción pide para Fabra dos años de prisión por un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial. La Fiscalía solicita que se sobresean las actuaciones contra Montserrat Vives y Domingo Cadahía.
Junio de 2009. El tirón del PP es incuestionable en Castellón, ya que gana en las elecciones europeas incluso en la localidad socialista de Benicàssim pese a que Francesc Colomer, líder del PSPV en la provincia y alcalde de dicha ciudad, mantuvo la duda de la corrupción durante toda la campaña electoral.
Enero de 2010. Un chófer de Carlos Fabra admite ante el juez que transportó sobres con dinero para ingresarlo en el banco 'bastantes veces', según trascendió de su declaración como testigo.
Febrero de 2010. La Audiencia Provincial de Castellón acuerda el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Fabra y su ex mujer por el tema de la falsificación de cuños para fitosanitarios. La causa continúa contra la ex mujer de Vicente Vilar, Montserrat Vives.
Marzo de 2010. Carlos Fabra Carreras abandona temporalmente sus obligaciones políticas para someterse a una intervención médica por un grave problema hepático. Lo que no han logrado ni sus adversarios políticos durante 15 años ni las urnas ni las causas judiciales del último lustro, lo consigue una enfermedad a la que ya ha ganado el primer asalto, tras el transplante de hígado que le han practicado en Madrid.
15 de mayo de 2010. Los peritos judiciales del Banco de España detectan 3,7 millones de euros sin justificar ni por el presidente provincial del PP ni por sus familiares, lo que supondría un fraude fiscal de hasta un millón de euros correspondiente a cinco presuntos delitos fiscales mientras que a la ex esposa de Carlos Fabra se le atribuyen otros cuatro supuestos delitos con Hacienda.
21 de mayo de 2010. Declara como imputada la mujer de Fabra, María Amparo Fernández, ante el Juzgado de Instrucción 1 de Nules. La comparecencia se aplaza, por temas de salud, para Carlos Fabra, aunque el fiscal anticorrupción Luis Pastor deja entrever que la presencia del líder del PP no va a ser necesaria. Pastor avanza entonces que la instrucción de la causa contra Fabra por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal, podría concluir "antes de verano", tras lo cual, la apertura del juicio oral se produciría "lo antes posible". En este procedimiento se investigan los ingresos y las cuentas bancarias del presidente castellonense desde 1999 a 2004.
1 de junio de 2010. El juez dede Instrucción 1 de Nules decide transformar en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado las diligencias previas abiertas contra los 13 imputados del denominado caso Fabra, que afecta al presidente de la Diputación y del PP castellonense, Carlos Fabra, y a su ex mujer, María Amparo Fernández. El instructor entiende que, "en principio" y a la espera de su calificación final, los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los "delitos de cohecho y tráfico de influencias". A estos delitos se deben sumar los relativos a la Hacienda Pública. Así, el próximo 25 de junio se decidirá en este juzgado 1 de Nules la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o abrir nuevas diligencias de investigación.
25 de junio de 2010. El juez reúne y escucha a todas las partes implicadas para decidir si sobresee la causa, abre juicio popular o solicita que se practiquen nuevas diligencias. El fiscal mantiene la petición de imputación a Carlos Fabra por delitos contra la Hacienda, cohecho propio y prevaricación. De los 13 presuntos implicados, el fiscal sólo mantiene la petición de imputación para cuatro: el empresario Vicente Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives, y el matrimonio formado por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y María Amparo Fernández. Se produce el primer comunicado oficial de Fabra sobre el caso.
1 de julio de 2010. El juez desestima los cuatro recursos presentados por las partes tras la decisión de transformar la causa en juicio con jurado. A Fabra le desestima tanto seguir practicando diligencias como el archivo del fraude fiscal y a la acusación popular le desestima la petición de imputación a más personas. El titular decide continuar con el procedimiento contra Fabra, su esposa, Vicente Vilar y la ex esposa de éste, pero archiva la causa por delito fiscal contra María de los Desamparados Fernández correspondiente al año 2002 y sobresee provisionalmente las acusaciones contra el resto de imputados.
Diciembre de 2010. La Audiencia Provincial de Castellón decide sobreseer la causa abierta contra Fabra de cuatro de los cinco supuestos delitos fiscales entre los años 2000 a 2003, al considerar que habrían prescrito, ya que entendía que no se había producido ninguna denuncia que interrumpiera el plazo para ello.
Apenas un mes después, en enero de 2011, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular asumida por la Unión de Consumidores, interponen recurso ante el Tribunal Supremo al archivo de los cuatro delitos fiscales por parte de la Audiencia, recurso que el Supremo, pese a sentarse a deliberar el pasado 20 de octubre, tarda en tomar una decisión hasta diciembre de 2011.
Mientras durante todo este año 2011 esta causa judicial dio un respiro al líder del PP en Castellón, el devenir político ha seguido la hoja de ruta que él mismo marcó en el congreso provincial del PP de 2008, cuando nombró como su sucesor en la Diputación al actual presidente de la entidad provincial, Javier Moliner.
Tras la victoria electoral de mayo de 2011, Moliner ocupa el sillón de Diputación y Carlos Fabra ha regresado a su puesto de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, de donde cumplía excedencia durante los 16 años de presidente de la institución provincial.
Así las cosas, el único cargo que le queda es el de presidente del PP de Castellón cuyo recorrido tiene los días contados, concretamente hasta el 30 de junio de 2012, fecha límite anunciada por el presidente de los populares valencianos, Alberto Fabra, para celebrar el congreso provincial del PP de Castellón, en el que, con toda probabilidad, también se resolverá a favor de Javier Moliner.
Un adiós sin vuelta atrás, no porque el propio Carlos Fabra lo quiera sino porque ya no le dejan ni en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ni en la organización nacional y pese a sus amagos con volver a presentarse a la reelección.
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Caso Luis Roldán
Luis Roldán Ibáñez (n. Zaragoza, Aragón, España, 1943) es un político perteneciente al PSOE, conocido principalmente por ocupar a lo largo de su carrera política, entre otros cargos, el de director general de la Guardia Civil. Ocupaba este cargo cuando fue implicado en un sonado caso de corrupción, a resultas del cual tuvo que dimitir a finales de 1993. Este caso, junto a las denuncias de guerra sucia contra ETA mediante el GAL, contribuyó a la derrota del PSOE, del que era militante, en las elecciones generales de 1996 entre otros aspectos y otras cuestiones de corrupción. Entre otras de estas cuestiones es importante resaltar la contrata de adquisición de munición de 9 mm Parabellum a la empresa filipina Armscor, mediada por Francisco Paesa y destinada a la Guardia Civil. Desde el primer momento se apreciaron defectos en la misma, que recomendaron desecharla en su totalidad. Numerosos guardias resultaban heridos en ejercicios de tiro de entrenamiento rutinario.
Al iniciarse las diligencias judiciales por sus actividades delictivas, Luis Roldán se fugó de España en 1994. Se entregó en 1995 en el aeropuerto de Bangkok. Entre 1996 y 1998 fue juzgado ante un tribunal de Madrid. Fue condenado a 28 años de cárcel por malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa, que el Tribunal Supremo incrementó a 31 años. 1 Estuvo desde febrero de 1995 en la cárcel femenina de Brieva (Ávila) y la Audiencia de Madrid desde el 2005 le permitió salir de la cárcel para trabajar,2 en un régimen intermedio entre el segundo y tercer grado.3 El 14 de noviembre de 2008, Roldán acudió a una entrevista televisiva, pero no aportó datos relevantes.
Biografía
Afiliado al Partido Socialista Obrero Español desde 1976. Había realizado estudios de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Entre el 29 de diciembre de 1982 y el 31 de octubre de 1986 fue Delegado del Gobierno en Navarra. Entonces fue nombrado Director General de la Guardia Civil, siendo el primer civil que ocupaba el cargo de este cuerpo policial que mantiene disciplina militar. En este período se realizaron cambios en la institución y uno de sus logros más importantes fue la desarticulación de la dirección de ETA en la localidad de Bidart en 1992.
En 1993 el periódico Diario 16 publicó las primeras sospechas de aumento desmedido del patrimonio de Luis Roldán, que llevaron finalmente a su destitución el 3 de diciembre de ese mismo año. Los trámites judiciales se fueron incrementando, y el 29 de abril de 1994, Roldán se fugó de España. Dado que el ministerio de Interior se había hecho responsable de su vigilancia, su responsable Antoni Asunción presentó su dimisión inmediata. Se comentó durante un tiempo que pudo estar escondido en el municipio zamorano de Mombuey, de donde su mujer es natural.4
Roldán fue detenido por policías españoles el 27 de febrero de 1995, en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia), en una entrega poco clara y en la que supuestamente participó el agente del CESID Francisco Paesa.5 Antes de entregarse pactó desde Laos, en documentos conocidos como «los papeles de Laos», que sólo podría ser juzgado por dos delitos: cohecho y malversación.6
Fue juzgado por la Audiencia de Madrid y condenado el 26 de febrero de 1998 a 28 años de cárcel, por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. Entre lo que quedó demostrado estaba que se llevó 435 millones de pesetas de los fondos reservados y 1.800 millones en comisiones. Por ello se le impuso una multa de 1.600 millones de pesetas y una indemnización al Estado de 578,9 millones. Con él fueron condenados su ex esposa Blanca Rodríguez-Porto por encubrimiento y delito contra la Hacienda pública y su testaferro Jorge Esparza Martín. El 21 de diciembre de 1999, el Tribunal Supremo de España confirmó los delitos e incrementó la condena a 31 años de cárcel.
Además de sus delitos monetarios Roldán realizó acusaciones de varios altos cargos en delitos referentes al GAL en la guerra sucia del Estado contra ETA.
Estuvo desde febrero de 1995 en la cárcel femenina de Brieva (Ávila) y la Audiencia de Madrid desde el 2005 le permitió salir de la cárcel para trabajar. El 14 de noviembre de 2008, Roldán reapareció en televisión: concedió una entrevista en directo a María Teresa Campos en el canal Tele 5, donde no aportó datos relevantes.
Los jueces han logrado recaudar en el procedimiento civil 1.646.845 euros con el embargo de cuentas corrientes y la subasta de algunas de sus propiedades intervenidas en España. El grueso de su fortuna, equivalente a 10 millones de euros del año 1993, se encuentra escondido.
El 19 de marzo de 2010, salió de prisión después de 15 años en ella, cuando fue condenado a 31 años finalmente.7 Para Luis Caridad, es de justicia que quien ha cumplido su pena quede libre, pero no debería considerarse que ha pagado su culpa porque no ha retornado lo robado.8
Caso Filesa-Malesa-Time ExportPoco después de la llegada de José María Aznar (1989) a la presidencia del Partido Popular salta a la prensa el llamado caso Naseiro. Un juez instructor de Valencia dictó auto de procesamiento contra varios miembros del Partido Popular entre los que se encontraban José Luis Sanchis, diputado por Valencia, y el administrador Rosendo Naseiro.
El procesamiento de estos miembros del Partido Popular tuvo lugar tras haberse realizado escuchas telefónicas a otro miembro del partido, el concejal de Valencia Salvador Palop, cuyo hermano estaba siendo investigado por narcotráfico, estas escuchas descubrieron un supuesto caso de financiación ilegal del Partido Popular, y de enriquecimiento personal de algunos implicados.
El caso Naseiro convirtió 1990 en un calvario para José María Aznar, que teniendo el precedente de lo sucedido en el PSOE anteriormente realizó una investigación dentro de su partido y solicitó que se abriera una comisión de investigación en el Congreso, rechazada por los socialistas. La crisis hizo que varios miembros del Partido Popular fueran expulsados de éste, e incluso se pidió la expulsión de Eduardo Zaplana[cita requerida].(el cual posteriormente llegaría a ser presidente de la Generalidad Valenciana y ministro del último gobierno de Aznar).
El "caso Naseiro" llegó al Tribunal Supremo, debido a la condición de diputado de José Luis Sanchis, donde quedó archivado a causa de las irregularidades en la instrucción del sumario: las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico y, por tanto, su utilización en el presunto delito de financiación ilegal no gozaba de supervisión judicial. El tribunal ordenó la posterior destrucción de las cintas inculpatorias con las conversaciones de los implicados que, no obstante, se pueden leer en las hemerotecas dado su valor histórico, pero jurídicamente carecen de valor probatorio.
A pesar de este enojoso asunto, la imagen de José María Aznar en la política nacional no se vio deteriorada, al no tener él mismo implicación conocida en el asunto. Su poder dentro del Partido Popular se consolidó y su imagen como líder de la oposición, y la de su partido como alternativa de gobierno, no quedaron jurídicamente manchadas por el escándalo. La escuchas telefónicas anuladas por la ilegalidad cometida al obtenerlas, y determinada frase "Estoy en la política para forrarme" de Vicente Sanz (ex-presidente de la diputación de Valencia por el PP) en una conversación con Eduardo Zaplana, continúan utilizándose como arma arrojadiza por los adversarios políticos del ya retirado político valenciano
Otros casos(trataremos de analizar más adelante):caso Naserio, caso Minas, caso Guerra, caso Psv-UGT ,caso Urgangarín-Prolongación Palma Arena
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