FUENTE: EUROPA PRESS
La ONG ecologista Greenpeace ha planteado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) un amplio conjunto de medidas para modificar "de forma eficaz y ambientalmente sostenible" el marco regulatorio actual del sector energético, entre las que se encuentra la propuesta de suprimir todas las subvenciones a las energías sucias para acabar con el déficit de tarifa.
La organización ecologista ha lamentado que el Gobierno no promueva un debate profundo sobre la reforma del sector energético, "después de haber tomado de forma irreflexiva y unilateral medidas como la moratoria al desarrollo de las energías renovables o su decisión de revocar la Orden ministerial de julio de 2009 de cese definitivo de la explotación de la central nuclear de Garoña, gemela de la de Fukushima".
La medida planteada a la CNE por Greenpeace consiste en asegurar que el producto suministrado --electricidad o los hidrocarburos líquidos, entre otros-- sea remunerado de acuerdo con la totalidad de los costes que ha supuesto realizar las distintas actividades destinadas a proporcionar dicho suministro.
Para ello, resulta "necesario" que se incluyan todos los costes, incluidos los ambientales pues, de lo contrario, la actividad de suministro de electricidad y de los hidrocarburos líquidos "seguirá generando una deuda ecológica creciente sobre el resto de ciudadanos, de todo el mundo, presentes y futuros, así como sobre el medio ambiente en general", ha apostillado la ONG.
Asimismo, Greenpeace hace un llamamiento para evitar costes y remuneraciones innecesarias. En ese sentido, considera "urgente" revisar la formación de precios en el mercado mayorista de producción, para evitar remuneraciones desproporcionadas a instalaciones de sobra amortizadas, evitar situaciones en que unos pocos agentes controlen en la práctica los precios de la subastas de energía o camuflar en el régimen especial actividades nocivas para la salud y el medio ambiente como la incineración de residuos.
El responsable del área de Energía y Cambio climático de Greenpeace, Carlos Bravo, ha señalado que "este es un debate político fundamental, que requiere decidir con claridad qué modelo se quiere alcanzar". Así, ha añadido que "en el actual sistema, el régimen especial cumple esa función, pero su sostenibilidad se ve alterada no solo por su cuantía, sino por la cantidad de parches y subvenciones cruzadas e incentivos perversos que van en la dirección contraria".
Greenpeace propone una planificación energética de largo plazo que marque la senda para avanzar hacia un sistema energético "inteligente, eficiente y 100 por ciento renovable". Para ello, la organización ecologista establece como "necesario" establecer un calendario para el abandono de todas las energías sucias y su sustitución por energías renovables.
De esta forma, ha sentenciado que "se debe limitar por ley a 30 años la vida útil de las centrales nucleares existentes y eliminar cualquier posibilidad de renovación extraordinaria de los permisos de explotación de estas, una vez alcanzado el límite temporal, así como establecer un calendario de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón".
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