jueves, 22 de marzo de 2012

DDHH en Bolivia

Destaca ONU situación de derechos humanos en Bolivia



La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas destacó como altamente favorable la situación de los derechos humanos en Bolivia, según informe divulgado hoy en esta capital.

  El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que el documento reconoce el avance en materia de derechos humanos en el país andino como resultado del proceso de reformas constitucionales emergentes de la Asamblea Constituyente.

"Muchos derechos, sobre todo de orden colectivo que se han insertado como parte del modelo de desarrollo económico y social en Bolivia, están materializándose efectivamente", afirmó Romero en una rueda de prensa en el Palacio Quemado.

El informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, fue presentado ayer en Ginebra, Suiza.

Según Romero, dicho informe destacó los avances de Bolivia en materia de discriminación racial, pues el país es de las pocas naciones que cuenta con un marco jurídico completo en esa materia.

El titular explicó que el 8 de octubre de 2010 fue aprobada en Bolivia la Ley de Eliminación de la Discriminación Racial y su reglamentación el 5 de enero de 2011.

Otro aspecto que se desprende del informe, según Romero, son los avances en los derechos colectivos, económicos y sociales como los bonos y rentas que creó el gobierno de Evo Morales para la redistribución del acceso a la riqueza.

Se resalta que el Bono Juancito Pinto, una ayuda económica para los estudiantes, beneficia no sólo a una gran cantidad de niños y familias, sino que mejoró los índices de acceso y estabilidad en el sistema educativo.

Asimismo, el Bono Juana Azurduy de Padilla, que beneficia a las madres y los niños de hasta dos años de edad, que además está vinculado a un sistema de atención médica con programas específicos.

Romero aseguró que en el legajo se resaltan la eliminación del analfabetismo y la existencia de programas educativos complementarios como "Yo, sí puedo seguir", tanto en áreas urbanas como rurales.

El reporte establece que los órganos nacionales de justicia por primera vez incluyen una importante participación de operadores indígenas y mujeres, que es un logro cualitativo e histórico sin precedentes, aseveró Romero.

En cuanto a la consulta previa libre e informada a realizarse próximamente en territorios indígenas, Romero describió que el documento advierte que este proceso emerge de las normas internacionales del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.


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