EL GUANTÁNAMO ESPAÑOL.

Protestas contra ‘Guantánamo español’

Manifestación en Madrid. El domingo, varios colectivos exigieron el cierre de los CIE frente a las denuncias de abusos y arbitrariedades.

FUENTE: EL COMERCIO.COM/ Roxana Cazco Corresponsal .

Unas 500 personas convocadas por SOS Racismo y una decena de colectivos se concentraron frente al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid para exigir el cierre de este y otros ocho centros ubicados en territorio español.

La muerte de dos internos en menos de un mes ha vuelto a disparar las alarmas sobre las condiciones infrahumanas en las que viven miles de ciudadanos extranjeros antes de su expulsión por no tener “papeles”.

La congoleña Samba Martine, de 41 años, falleció el 19 de diciembre en el Hospital 12 de Octubre, por causas poco claras. Primero se apuntó a una meningitis y después a una infección derivada del VIH que padecía. Lo cierto es que Martine estuvo retenida en el CIE de Madrid más de un mes.

Durante ese tiempo acudió 10 veces al consultorio del centro por diversas dolencias, sin que los médicos detectaran su gravedad. En la última visita, la enfermera que le atendía llegó a decir que Martine “no se encontraba tan mal” y que podía ir al Hospital en una patrulla y no en ambulancia. Seis horas después falleció.

El caso es investigado por la justicia. Al igual que el de Ibrahim Sissé, guineano de 21 años, quien falleció por un posible infarto el 6 de enero en el CIE de Barcelona. Según testigos, la ausencia de personal médico en la noche impidió que el joven fuese atendido oportunamente. Al grito de “Ninguna persona es ilegal”, “Vergüenza” y “Cerremos los CIE”, los manifestantes pidieron -el domingo- la clausura de estos centros y la depuración de responsabilidades.

Según SOS Racismo hay 2 000 internos en los CIE españoles. La Fiscalía del Estado sostiene que el 2010 pasaron por allí 16 590 personas, 8 935 fueron expulsadas. Hay que tomar en cuenta que la población se renueva cada 60 días, tiempo máximo que puede estar retenido un extranjero. Cumplido el plazo será liberado o expulsado del país.

El Ministerio del Interior no facilita datos. “Pedimos transparencia y una información desagregada en cuanto a nacionalidad, edad y género de los internos”, señala Lluc Sánchez, portavoz de SOS Racismo Madrid.

Los manifestantes denuncian que los CIE se gestionan como unidades penitenciarias cuando no lo son. Al no tener documentación española, los internos no han cometido un delito sino una falta administrativa. Pese a ello son detenidos contra su voluntad, privados de libertad, aislados e incomunicados. “Es un secuestro por parte del Estado, pedimos que se cierren los CIE y se penalice a los secuestradores, a quienes determinan que se violen derechos fundamentales”, dice Gilberto Torres, portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España.

A ello se suma -según asociaciones de abogados, fiscales y otros colectivos- las deplorables condiciones en que malviven los extranjeros, acuciadas por la ausencia de un reglamento que regule su funcionamiento. Lo que allí sucede se enmarca en la discrecionalidad de los policías.

“No hay atención médica para personas con enfermedades específicas ni salas aisladas para evitar contagios, no hay asistencia sanitaria en las noches y en la mañana es insuficiente”, explica Isabel Lima, de SOS Racismo. “Los CIE no tienen carácter penitenciario pero son peor que una cárcel”, añade. La entidad espera la autopsia de Martine para emprender acciones legales por posible negligencia médica. La falta de información sobre su situación jurídica, el hacinamiento, la insalubridad y los abusos policiales se suman a la serie de quejas expresadas por los internos, recogidas por los denunciantes.

Algunos avances se han logrado en estos últimos meses. Hace una semana tres jueces ordenaron notificar la expulsión con 12 horas de antelación y que el extranjero pueda comunicarlo a su familia.

Los ecuatorianos no escapan de las rejas de los CIE. Pese a ser uno de los colectivos con más ciudadanos regulares -datos no oficiales los sitúan en el 95%- son la tercera población en el CIE de Madrid. Lo dice el informe ‘Miradas tras las rejas’, del centro jesuita Pueblos Unidos. 17 de las 248 personas a las que visitó la ONG eran ecuatorianas.

Testimonios

‘Denunció a un estafador’

“Francisco, mi pareja, pagó a un abogado para que le ‘gestionara’ los papeles pero no hizo nada. Le exigió que le devolviera el dinero y este le dio un cheque sin fondos. Lo denunció en el juzgado y allí al ver que no tenía papeles le detuvieron. Salió con una orden de expulsión. Francisco no lee bien y no entendió de qué se trataba.  Un día la Policía le fue a buscar. Se lo llevaron al Juzgado y después al CIE.

Lleva ahí 26 días,  está fatal anímicamente y tiene una arritmia en el corazón.  A veces tira la toalla, se viene abajo. Tengo la nacionalidad española y con ese trámite espero poder gestionarle la regularización...”.